El ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse estaba desaparecido desde 1976 y una pericia forense le permitió a su familia confirmar su identidad. Bussi había sido condenado por su desaparición. En el Pozo de Vargas se encontró su pie derecho, entero. Por otra parte el destituido camarista federal de Mendoza, Otilio Romano, quien pidió asilo en Chile un día antes de ser suspendido por complicidad con la dictadura, se sumó a la lista de las 315 personas más buscadas por la Interpol, es acusado de cometer "crímenes contra la humanidad". Hasta la semana pasada Romano continuaba en el país trasandino y la presidenta, Cristina Kirchner, advirtió: “Ya lo vamos a traer, lo traerá la Justicia”.
Vargas Aignasse
El Juzgado Federal Nº 2, que encabeza Fernando Poviña confirmó que una muestra ósea, hallada en el Pozo de Vargas, coincide en un 99,9% con el perfil genético de tres de sus hijos -María Marta, Guillermo y Mariana.
La recuperación de huesos del dirigente peronista y su identificación, mediante el cotejo de ADN fue llevada a cabo por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
El Pozo de Vargas es una vieja construcción de mediados del siglo XIX enterrada en el suelo (una suerte de chimenea invertida), para extraer agua cuando en la zona pasaba un tren a vapor de trocha angosta que llevaba caña de azúcar a ingenios cercanos. Los trabajos del EAAF llevan recuperados varios cientos de trozos de ropa, calzados y huesos, entremezclados con cal y otros componentes químicos para acelerar la descomposición orgánica, lo que dificulta la identificación de las víctimas arrojadas en el sitio.
Se extrajeron muestras del pozo (en desuso desde principios del siglo pasado) de hasta unos 50 metros de profundidad, y quedarían aún unos 30 metros más para llegar al fondo, donde se presume que habría la mayor concentración de pruebas. “Uno siempre tiene la esperanza de que va a encontrar a quien está desaparecido. Esa condición es el limbo del horror, no se puede terminar de resolver el duelo. Fue un momento de mucha conmoción, porque terminamos un proceso de búsqueda que parecía imposible”, sostuvo Gerónimo Vargas Aignasse, ex diputado nacional y hoy legislador tucumano
El ex militar Antonio Domingo Bussi -interventor de Tucumán entre 1976 y 1978 y gobernador elegido por el voto popular entre 1995 y 1999- murió el pasado 24 de noviembre habiendo sido condenado a cadena perpetua únicamente por ser coautor, junto con el también represor Luciano Benjamín Menéndez, de la desaparición de Vargas Aignasse, en 1976. Bussi estaba involucrado en otras 26 causas por delitos de lesa humanidad y pasó sus últimos años de vida cumpliendo arresto domiciliario en una casa de un country de Yerba Buena. Nunca estuvo preso en una cárcel común.
En esta causa, Bussi y Menéndez fueron sentenciados en agosto de 2008 por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos reiterados, desaparición forzosa, homicidio calificado, asociación ilícita y genocidio, cargos que el Tribunal Oral Federal de Tucumán consideró de lesa humanidad.
Luego de conocer la noticia, Gerónimo Vargas Aignasse reflexionó que la condición de desaparecido es la peor a la que se puede someter a un ser humano. "Es el limbo del horror", dijo.
Romano, entre los más buscados
El exjuez fue destituido por amparar más de cien delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación consideró que Romano omitió en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal desde 1975 –con la Triple A– y durante la última dictadura.
Por esos motivos, el jury afirmó: "No le cabe a este cuerpo colegiado un mínimo atisbo de duda para decidir que el doctor Otilio Ireneo Roque Romano no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor".
En la página oficial de Interpol, el exjuez figura en la nómina de "buscados" ("Wanted persons") junto a narcotraficantes, terroristas. También se encuentra en esa lista el argentino Gustavo Fernando González, acusado de promover el homicidio de Claudia Molina, de 16 años, ocurrido el 22 de noviembre pasado en Ciudad Evita, partido de La Matanza.
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